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La destitución se produce en un contexto de crisis política y social agravada por un aumento de la inseguridad, el crimen organizado y una serie de escándalos de corrupción que empañaron el gobierno de Boluarte. Durante su mandato enfrentó al menos once investigaciones por presuntos delitos contra los derechos humanos y corrupción; entre ellas se incluyen la muerte de decenas de manifestantes durante protestas, acusaciones de recibir relojes de lujo no declarados y de encubrimiento político.
El nuevo presidente interino, Jerí, llega con cuestionamientos que no son menores. Antes de asumir, fue objeto de una denuncia por presunta violación sexual, que fue archivada por la fiscalía suprema por falta de pruebas. Además, se le atribuye un crecimiento abrupto en su patrimonio y acusaciones de haber recibido sobornos durante su labor en la Comisión de Presupuesto. Su legitimidad política y moral es, para muchos críticos, incluso más débil que la de Boluarte. Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado que su llegada no representa un cambio real, sino una continuidad del sistema político cuestionado bajo otro nombre, y han convocado a protestas para el 15 de octubre bajo consignas como “que se vayan todos”.
BY ANRed noticias
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